El gran negocio de la gestión del agua.
1 Septiembre 2002 Dos integrantes del grupo ecologista Ekologistak Martxan, Iñaki Eguskizaga y Jon Torre, escriben un interesante artículo que publica el Correo en la edición de este Domingo. La codicia y desfachatez de las multinacionales hace tiempo que atrapa con sus garras unos servicios que debieran ser gestionados y controlados por los ciudadanos. El agua es un bien común, como lo es la vivienda, y no debería estar en manos de estos grupos económicos. ¿Qué hacer? ¿Continuar callados y pasivos?.
El gran negocio de la gestión del agua.
Iñaki Eguskizaga y Jon Torre
Miembros de Ekologistak Martxan
A la empresa multinacional de origen francés Vivendi-Universal, hasta hace poco denominada Vivendi-Générale des Eaux, la conocemos por ser titular del 25% de las acciones de Zabalgarbi SA, sociedad promotora de la incineradora de residuos urbanos de Bilbao. La entrada de la importante firma gala en el accionariado del proyecto incinerador sembró en su momento no pocas interrogantes acerca del verdadero papel de esta empresa en un negocio, a priori, tan poco rentable como es el de la quema de basuras.
Algunas de esas dudas fueron disipándose a medida que fuimos conociendo la naturaleza polifacética de esta potente corporación y su penetración en sectores financieros tan dispares como la gestión del agua, limpieza, energía, transportes, música, telecomunicaciones, televisión, cine (alianza con Universal), etcétera. Pese a que la apuesta por el sector del ocio es cada vez más importante, la principal fuente de ingresos de Vivendi reside hoy en día en sus filiales relacionadas con la gestión medioambiental. Y esto no es de extrañar, ya que el escenario creado tras la Conferencia Internacional de La Haya de marzo de 2000 ha abierto las puertas a la liberalización de uno de los mercados más apetitosos: el del agua. La globalización mercantil ya ha llegado al bien de primera necesidad por excelencia y las multinacionales se están repartiendo el botín en detrimento de las verdaderas necesidades sociales y ambientales de multitud de poblaciones.
Así, Vivendi y Suez-Lyonnaise des Eaux controlan ya el 40% del mercado mundial, estando presentes en 100 países, la primera, y en 130, la segunda. Pese a que el agua del 85% de las grandes ciudades está aún bajo control público, Vivendi ya ha accedido al mercado de Alemania, USA, Corea, Filipinas… Mientras que Suez-Lyonnaise des Eaux se ha asentado en China, Italia, USA, Australia… y gestiona, directamente o mediante sociedades participadas, el abastecimiento de la mayor parte de la población de la vertiente mediterránea española.
Pese a que la privatización del agua suele ir precedida de una campaña mediática ensalzando sus ventajas (baste recordar que Vivendi-Universal controla el Grupo Canal+), normalmente las promesas no se cumplen. Todo lo contrario. Siguiendo el criterio de beneficio rápido y a cualquier precio, las empresas privadas no tienen reparo en dejar desabastecidos a núcleos enteros de la población si su servicio resulta no ser rentable. Así, en la provincia de Tucumán (Argentina), Vivendi adquirió a través de una filial la concesión del servicio de agua y de alcantarillado en 1993. Los efectos se hicieron sentir inmediatamente. Los precios se incrementaron un 104% de media y se produjo un empeoramiento sensible de la calidad del servicio. Tal es así que, en vista de la contaminación de las aguas, la población inició en 1997 un movimiento de desobediencia civil, negándose a pagar sus tarifas.
El Gobierno provincial abrió, incluso, un expediente sancionador, ante lo cual Vivendi amenazó con cortar el abastecimiento y con forzar la firma de un nuevo contrato. Al final, tuvo que dejar el servicio, y acudió al Banco Mundial en reclamación de una indemnización por daños y perjuicios contra la provincia de Tucumán.
La actuación de Suez-Lyonnaise des Eaux es simétrica a la de Vivendi. Así lo atestigua lo ocurrido en el barrio Alto Lima de la Paz (Bolivia). Allí una filial de Suez-Lyonnaise des Eaux, Aguas del Illimani, obtuvo la concesión del servicio de agua y, como en el caso anterior, los efectos fueron inmediatos. Aumento del precio de gestión de 2 a 12 bolivianos, despidos masivos de trabajadores para contener gastos (tal es así que ya no hay controladores de agua y se aplica la misma tarifa a los usuarios); los cortes de agua son cada vez más numerosos (restricciones de varias semanas a determinadas administraciones, incluidas escuelas). Hoy en día el segundo y tercer sector del barrio, los más altos, carecen de agua y el resto ha comenzado a reutilizar los antiguos pozos como único medio de asegurar el servicio. Por otra parte, la apertura del servicio cuesta ya 150 euros cuando su precio era de 100. Eso sí, los salarios de los Administradores de la compañía han aumentado de 12.000 a 65.000 bolivianos al mes, mientras que los de los trabajadores se mantienen en torno a los 1.800.
Lo peor de todo es que estas empresas, y las entidades financieras que las apoyan, pretenden el aumento del consumo a fin de incrementar las ventas (promoviendo otros usos como la limpieza de los coches, el regadío de los jardines…) y obtener más beneficios, a pesar de la desertización del altiplano. Esta política de privatización es fomentada por organizaciones internacionales como el Banco Mundial, la Organización Mundial del Comercio o el World Water Council, que favorecen el beneficio de estas grandes multinacionales y crean desequilibrios medioambientales y sociales cada vez más graves. La Cumbre de Qatar en noviembre de 2001 así lo acredita, al favorecer la eliminación de las trabas a la exportación del agua, prohibida hasta el momento. Las Administraciones locales están desempeñando, en este sentido, un papel crucial en procesos de privatización de tales servicios en total connivencia con grupos económicos interesados exclusivamente en su propio beneficio.
Aquí la creación de sociedades públicas , como Garbiker o Udal Sareak por parte de las instituciones vizcaínas, está desencadenando procesos socio-económicos tales como la creciente privatización y pérdida del control público sobre la gestión del agua y las basuras a manos de empresas como FCC, Vivendi o el Consorcio de Aguas Bilbao-Bizkaia; el encarecimiento progresivo de las tarifas a pagar por el ciudadano; la expansión financiera del grupo Aguas de Bilbao (integrado por el Consorcio de Aguas Bilbao-Bizkaia, Iberdrola y la BBK) a Buenos Aires y Uruguay, la sobreexplotación de recursos materiales y energéticos… Aquí, también, nuestros gestores dan manga ancha a Vivendi & Co. para que se apoderen de un modelo cada vez más ineficiente e insostenible.
Iñaki Eguskizaga y Jon Torre
Miembros de Ekologistak Martxan
Referencias:
