Una vez que hemos pagado entre todos y todas, a través de nuestros impuestos, las costosas infraestructuras de agua, telefonía, luz, etc., necesarias para su prestación, nuestros ayuntamientos venden a precio de saldo a estas grandes empresas la gestión de sus servicios.

Los servicios públicos más esenciales se privatizan, argumentando que, así, costarán menos a la ciudadanía debido a la competencia entre las empresas. Pero los resultados son contundentes: se ha producido una concentración monopolística a escala mundial (el agua, por ejemplo, es controlada por cinco grandes corporaciones multinacionales); la sustitución del monopolio público por el monopolio privado ha incrementado los precios, puestos de forma unilateral y con el único criterio del beneficio de los accionistas; el servicio que prestan se ha convertido en un calvario para los consumidores y las consumidoras del mismo, pues no están dispuestos a invertir en infraestructuras costosas, sino que buscan el beneficio a corto plazo.