El sistema de partidos. Antonio Porras Nadales
30 Agosto 2006El sistema de partidos
Por Antonio Porras Nadales
Catedrático de derecho constitucional de la Universidad Pablo de Olavide
Diario de Sevilla
Durante años hemos vivido bajo la creencia idílica de que los partidos políticos no eran más que nuestros representantes. O sea, unas organizaciones subordinadas a nuestra propia voluntad soberana, la de todos los ciudadanos, y carentes de una línea propia de actuación que no fuera la que a través del voto le marcamos los electores.
Ya hemos comprobado que esta visión tan inocente no se corresponde con la realidad, que lo que los partidos hacen o dejan de hacer no responde exactamente a las demandas ciudadanas sino a una lógica competitiva que les impulsa en una estrategia incontrolable hacia la conquista del poder, con la voluntad de permanecer indefinidamente en él. Lo que supone que nuestra condición de electores se asemeja finalmente a la del ciudadano-consumidor que cree ser plenamente libre y soberano en sus decisiones cuando en la práctica está sometido a las prioridades que establecen las grandes marcas comerciales y sus estrategias de marketing.
Y del mismo modo que la actividad comercial parece cada día más controlada por las grandes empresas de producción y comercialización, igualmente nuestro comportamiento político se ha ido dejando atraer por las ofertas de los grandes partidos, lo que al cabo del tiempo se ha traducido en una reducción del pluralismo y en una consolidación progresiva del bipartidismo.
La afirmación de que el sistema bipartidista constituye el modelo ideal, como defendiera al francés Duverger en los años sesenta, se demuestra sin embargo bastante incongruente ante unas encuestas sociológicas que confirman más bien la hipótesis alternativa de que el gran banco de votos suele estar en el centro del espectro ideológico. En consecuencia, la dinámica bipartidista sería una simple fachada política tras la que subyace una mayoría de población relativamente ajena a las tendencias de radicalización bipolar que imponen las estrategias partidistas; unas estrategias que, en el fondo, estarían simplemente tratando de capturar el gran mercado de votos situado en el centro del espectro ideológico. En otras palabras, si los líderes políticos se radicalizan y se polarizan, la sociedad civil permanecería relativamente ajena e inmune a esta intensificación de la conflictividad.
En principio, podría afirmarse que esta es la hipótesis que prevalece en las democracias del universo anglosajón, donde la propia historia ha consolidado a lo largo de siglos un bipartidismo estable, pero dotado de un grado de conflictividad atenuada y apoyado en unas amplias capas medias que prefieren el pragmatismo y la moderación a los grandes alardes de radicalismo ideológico.
La incógnita sería si esa dinámica bipartidista es capaz de operar de forma igualmente constructiva en otro tipo de sociedades, acaso menos habituadas históricamente a la dinámica bipolar y, en consecuencia, dotadas de un menor grado de autonomía frente a los envites de la política. La incógnita de si, en lugar de mantener su autonomía y su propia dinámica, la sociedad civil se acabe dejando enganchar por la tensión de la bipolarización, la agresividad verbal y el discurso bronco y desafiante que acompaña a la deriva bipartidista, en unos países con una escasa tradición histórica en este tipo de sistema de partidos. Y no digamos nada si se trata de una sociedad estimulada por una reanimada memoria histórica de tipo guerracivilista, donde izquierdas y derechas pueden contemplarse recíprocamente como candidatos a engrosar listas de fusilables.
El verdadero problema consiste en que, en nuestro país, las únicas opciones que teóricamente podrían considerarse como fuerzas centristas son más bien las que, en algunas comunidades, operan dentro de claves nacionalistas y cuya única estrategia política parece consistir en obtener beneficios territoriales del Gobierno de Madrid. Salvo excepciones, cabría pues afirmar que, en rigor, estos serían más bien auténticos partidos anti-sistema, o extra-sistema, en la medida en que sus estrategias y sus ideologías no contemplan como arena de juego la realidad estatal sino sus respectivos corralitos territoriales. Y de hecho, los casos en que se han producido apoyos de fuerzas nacionalistas al partido gobernante en Madrid, se han configurado en la práctica como auténticos intercambios de beneficios territoriales sin una responsabilidad compartida en el gobierno del Estado.
De este modo nos enfrentamos a un doble riesgo: por una parte, el de considerar como legítimas las interminables demandas de las minorías nacionalistas para arrancar beneficios adicionales al estado central a cambio de su apoyo parlamentario; por otra, el de dejarnos enganchar por la tensión conflictual que trae consigo el bipartidismo hasta llegar a proyectarlo en la propia arena de la sociedad civil.
Cuando parecemos enfrentados a una dinámica de cambio histórico, una de las cuestiones que deberíamos plantearnos los electores es en la conveniencia de cambiar, mediante nuestro voto, el vigente sistema de partidos.
Antonio Porras Nadales
Catedrático de derecho constitucional de la Universidad Pablo de Olavide
Diario de Sevilla
